La Alianza Empresarial Turística de La Altagracia y representantes del Ministerio de Turismo acordaron coordinar una mesa de trabajo para dar seguimiento a los permisos de proyectos turísticos y a la seguridad en las playas de Punta Cana.
El encuentro se celebró el 12 de octubre y estuvo encabezado por José Sánchez, presidente de ALETA. También participó el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc. Por Turismo asistieron la viceministra Patricia Mejía, la directora de Planificación y Proyectos, Patricia Pérez, y la directora de Confotur, Natachú Domínguez.
La delegación empresarial planteó la necesidad de reducir los tiempos de respuesta, establecer procedimientos más claros y ordenar la labor de los gestores que intervienen en los expedientes. El objetivo declarado es ofrecer mayor transparencia y previsibilidad a quienes desarrollan inversiones turísticas e inmobiliarias.
La conversación incorporó además la supervisión de la seguridad en las playas, un componente que afecta tanto la experiencia del visitante como la protección de residentes y trabajadores. Los resúmenes públicos del encuentro no detallan todavía un calendario, metas cuantificables ni la composición definitiva de la mesa.
La reunión da continuidad a la agenda que ALETA presentó una semana antes ante el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. FP Noticias informó entonces sobre la petición de agilizar los permisos de inversión en La Altagracia y avanzar hacia una plataforma coordinada entre las instituciones involucradas.
La diferencia de esta nueva fase es que Turismo y Confotur participan directamente, mientras la seguridad de las playas entra formalmente en el diálogo. Esa ampliación puede ayudar a evitar que los expedientes avancen en una institución y permanezcan detenidos en otra.
Agilizar no debe significar reducir los controles técnicos, ambientales o de ordenamiento territorial. El beneficio real estaría en eliminar duplicidades, fijar plazos previsibles, permitir el seguimiento digital de cada expediente y explicar con claridad las observaciones que deben corregirse.
Para medir los resultados de la mesa convendría publicar indicadores: tiempo promedio de tramitación, número de expedientes pendientes, casos resueltos y acciones concretas de vigilancia o prevención en las playas. Sin esos datos, el acuerdo representa un paso institucional positivo, pero todavía no una solución comprobada.
La coordinación puede favorecer nuevas inversiones, empleos y actividad para hoteles, constructores, suplidores y servicios turísticos. Al mismo tiempo, deberá proteger el acceso público, el medioambiente y la seguridad que sostienen la competitividad de Punta Cana como destino internacional.
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Fuentes: Arecoa, PuntaCanaPost, Alianza Empresarial Turística de La Altagracia. Fotografía: Fábio Alecrim, “Punta Cana beach”, 29 de septiembre de 2026, vía Wikimedia Commons, licencia CC BY-SA 4.0; imagen ilustrativa.
