Por Fernando M. Placeres, M.Sc.
La respuesta dominicana al vigésimo quinto aniversario del vuelo 587 debería empezar por recuperar el memorial de Baní y asegurar su mantenimiento. Prometer otro monumento mientras se deteriora el existente reproduce un problema de gestión: inaugurar permite exhibir resultados; conservar exige responsabilidades sostenidas y cuentas públicas.
El 12 de noviembre de 2001, el avión de American Airlines que viajaba de Nueva York a Santo Domingo cayó en Belle Harbor, Queens. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos documentó la muerte de las 260 personas a bordo y cinco en tierra. Hoy se cumplen 25 años de aquel accidente. El Departamento de Transporte neoyorquino incluyó un servicio conmemorativo para este jueves en su aviso oficial de actividades.
Baní tiene un lugar de recuerdo desde el 27 de junio de 2003. Un comunicado contemporáneo de los promotores confirma que la iniciativa de Héctor Algarroba, quien perdió a sus padres, reunió financiamiento de dos abogados, colaboración de una fundación familiar, terreno municipal y trabajo comunitario. Ese origen importa: hubo un esfuerzo compartido cuyo cuidado no debería depender indefinidamente de quienes sufrieron la pérdida.
La información publicada este 12 de noviembre describe placas desaparecidas y baldosas deterioradas. La portavoz del Ayuntamiento de Baní, Lisselot Zapata, atribuyó la desaparición de placas al vandalismo, señaló mejoras y un levantamiento para estudiar reparaciones. También explicó que el proceso requiere presupuesto y trámites. Esa respuesta debe incorporarse al debate: no corresponde convertir el deterioro en una acusación de corrupción ni atribuirlo sin pruebas a una sola administración.
Pero reconocer procedimientos no resuelve la falta de un horizonte verificable. El ayuntamiento debería publicar el diagnóstico, identificar quién administra cada componente del espacio y precisar qué puede atender con recursos propios. Si necesita cooperación del Gobierno central, debe explicar cuánto solicita, para qué y ante cuál institución. Así puede distinguirse una limitación financiera de una gestión que simplemente no avanza.
Existe una objeción legítima: un municipio debe priorizar agua, drenaje, recogida de residuos y otras necesidades urgentes. Precisamente por eso proponemos evaluar primero la reparación de lo existente, sin presuponer su costo ni impulsar una obra monumental nueva. Un presupuesto desglosado permitiría decidir con información. La conservación puede ejecutarse por etapas, siempre que exista una programación y que los riesgos físicos identificados reciban atención.
El Ministerio de Cultura podría aportar asistencia técnica; la Cancillería y el consulado en Nueva York, facilitar la participación de los familiares residentes fuera del país. Son funciones de colaboración que proponemos, sin sustituir las competencias municipales. Las familias deben poder revisar nombres y criterios del homenaje, sin quedar obligadas a financiarlo ni a prestar su duelo para actos partidarios.
Al defender la preservación de la memoria comunitaria, también debemos exigir instituciones capaces de sostenerla. Para República Dominicana, reconocer a su diáspora requiere continuidad administrativa. Una ceremonia anual tiene valor; un espacio cuidado durante el resto del año demuestra que ese reconocimiento permanece.
Proponemos que, dentro de treinta días, el ayuntamiento presente un diagnóstico público y un calendario presupuestado, discutido con representantes de las familias. Cualquier nuevo memorial debería evaluarse con su financiamiento de mantenimiento identificado desde el inicio. El resultado exigible en Baní es concreto: recuperar los nombres, hacer seguro el espacio y dejar establecido quién responderá por su conservación.
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Fuentes: Diario Libre, 12 de noviembre de 2026; NTSB, investigación DCA02MA001; Colson Hicks Eidson, 30 de junio de 2003; NYC DOT, aviso del 7 al 13 de noviembre de 2026.
