Por Fernando M. Placeres, M.Sc.
La protección de un niño que juega béisbol no puede comenzar cuando un club decide contratarlo. República Dominicana necesita supervisar la formación previa a la firma con la misma seriedad con que celebra los contratos millonarios. Esperar al examen de ingreso profesional deja sin respuesta la pregunta decisiva: quién protege al menor durante los años en que intenta convertirse en prospecto.
Una investigación periodística publicada el 12 de noviembre de 2026, con repercusión nacional este día 13, recoge grabaciones encubiertas y testimonios sobre el suministro de sustancias dopantes a menores. Describe incentivos ligados a los bonos de contratación y recoge denuncias de daños graves. Es información que exige comprobación institucional: ni los testimonios sustituyen un diagnóstico médico ni un reportaje determina responsabilidades penales.
La cobertura informativa de FP Noticias expone esas denuncias. Esta nota plantea una responsabilidad distinta: impedir que el debate se agote en indignación, defensas corporativas o búsqueda de un culpable individual. Si el incentivo económico premia acelerar el desarrollo del jugador, la supervisión debe examinar también quién administra sustancias, quién financia la preparación y quién obtiene beneficios.
Existe una base institucional que permite exigir respuestas. La Ley 44-23 de Política Nacional Antidopaje, publicada en la Gaceta Oficial del 7 de agosto de 2023, creó la Agencia Antidopaje de la República Dominicana bajo la dirección del Ministerio de Deportes. Le atribuye el programa nacional, controles e investigaciones, y exige preservar la intimidad y un procedimiento disciplinario justo. Invocar la necesidad de actuar no equivale, por tanto, a partir de cero.
Deportes y la agencia deberían explicar públicamente qué cobertura tienen los controles entre jugadores todavía no contratados, con qué recursos y cómo reciben alertas de familias. Proponemos que Salud Pública, CONANI y el Ministerio Público coordinen una respuesta dentro de sus respectivas competencias: atención y evaluación sanitaria, protección del menor e investigación de posibles delitos. La coordinación necesita responsables identificados y vías de derivación, sin convertir los expedientes infantiles en material de exhibición.
La objeción es legítima: controles mal diseñados pueden encarecer las pequeñas academias, castigar a entrenadores honestos y reducir oportunidades para familias de pocos ingresos. Tampoco una prueba positiva permite presumir que todos los adultos del entorno participaron. Por eso defendemos procedimientos proporcionales, asistencia para cumplirlos y derecho de defensa. El costo de supervisar no debe trasladarse íntegramente al niño ni utilizarse como barrera para excluirlo.
Las organizaciones profesionales también deben asumir compromisos verificables. Proponemos exigir trazabilidad de los intermediarios con quienes trabajan, cooperación con investigaciones y mecanismos de denuncia independientes del entrenador. Un conflicto sobre el modelo de contratación internacional no debería retrasar acuerdos básicos para proteger a menores. La vigilancia sanitaria y la investigación de abusos no pueden quedar subordinadas a una negociación comercial.
Para el país, el resultado exigible es un sistema que publique datos agregados de supervisión, explique sus límites y permita comprobar qué ocurre después de una denuncia. Las familias necesitan atención confidencial y continuidad educativa, incluso cuando desaparece la posibilidad de una firma. El éxito del béisbol dominicano debe medirse también por la seguridad de quienes nunca llegarán a Grandes Ligas. Protegerlos antes del contrato es una obligación pública que no admite esperar al próximo escándalo.
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Fuentes: Diario Libre, 13 de noviembre de 2026; Sportschau/ARD, investigación del 12 de noviembre; Ley 44-23, artículos 6 a 8, repositorio oficial.
