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Evaluar al docente también obliga al Estado a responder

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Por Fernando M. Placeres, M.Sc.

La evaluación docente pierde autoridad cuando el Estado exige resultados al maestro, pero no permite comprobar cómo resuelve sus reclamaciones. Defenderla requiere dos compromisos inseparables: pagar lo que corresponda y explicar, con una decisión revisable, lo que no corresponde. La presión sindical tampoco puede convertir cualquier solicitud en un derecho automático al incentivo.

El conflicto vuelve a la calle. El 15 de noviembre de 2026 se informó de una convocatoria de la Asociación Dominicana de Profesores para concentrarse frente al Ministerio de Educación el miércoles 18. El gremio sostiene que más de 7.000 maestros esperan retroactivos. Es una reclamación atribuida a la ADP, no un saldo de deuda comprobado por esta publicación.

Hay un dato oficial que obliga a afinar el debate. El 25 de octubre, Educación anunció haber pagado a 94.360 docentes y mantener 679 casos en proceso: el 99,29 % correspondía a quienes calificaban para el retroactivo. El mismo informe distinguía otros expedientes no aplicables y resultados insuficientes. Ese porcentaje no equivale a afirmar que todas las personas evaluadas cobraron ni que todas sus reclamaciones quedaron resueltas.

Las cifras sindicales y ministeriales tienen fechas y universos distintos. Enfrentarlas como si una desmintiera automáticamente a la otra confunde al público y dificulta encontrar a quien todavía necesita una respuesta. La controversia debe resolverse identificando qué casos están aprobados y pendientes de desembolso, cuáles requieren completar condiciones y cuáles impugnan una decisión.

El 11 de noviembre, al recibir a una comisión de la ADP de Bonao, Educación reiteró que los participantes del Programa Nacional de Inducción deben culminarlo y aprobarlo para acceder a esos incentivos. También informó de trámites de pago por incidencias de doble sesión. Esa explicación muestra por qué no todos los expedientes pueden recibir idéntico tratamiento; no demuestra, por sí sola, que cada afectado tenga una solución.

Sería irresponsable desembolsar recursos públicos sin verificar requisitos. Esa objeción es válida y debe sostenerse incluso ante una movilización. Pero verificar no puede significar mantener al docente entre oficinas sin saber qué falta, quién decide o cuándo recibirá una contestación. Un incentivo condicionado al desempeño necesita reglas exigentes y una administración capaz de aplicarlas sin arbitrariedad.

El Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente, la Comisión Técnica y Recursos Humanos deberían presentar una conciliación de expedientes con fecha de corte común. Cada maestro debe recibir una respuesta individual fundamentada; la sociedad, cantidades agregadas por estado del trámite, sin divulgar calificaciones personales. Debe distinguirse la reclamación contestada del dinero efectivamente pagado.

A la ADP le corresponde documentar sus casos, aceptar las exclusiones debidamente justificadas y disputar los errores por vías que preserven las clases. El anuncio de concentración no precisó cuántos centros resultarían afectados. Esa incertidumbre tampoco es aceptable para familias que necesitan organizar trabajo, transporte y cuidado de sus hijos.

Ya hemos defendido que las decisiones educativas deben demostrar su aporte al aprendizaje. También los incentivos necesitan una cadena creíble entre evaluación, resolución y cumplimiento. Antes de la movilización, Educación y la ADP deberían acordar un calendario verificable para resolver las diferencias y garantizar la continuidad docente. República Dominicana necesita una evaluación que conserve sus exigencias y un Estado que responda por las suyas.

FP Noticias, tus ojos en todas partes.

Fuentes: Diario Libre, 15 de noviembre de 2026; Ministerio de Educación, balance del 25 de octubre; Ministerio de Educación, reunión del 11 de noviembre.

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