República Dominicana permanece en el Nivel 2 del informe de 2026 sobre trata de personas presentado este jueves 8 de octubre. La clasificación indica que el país todavía no cumple por completo los estándares mínimos para eliminar este delito, aunque las autoridades han realizado esfuerzos importantes para avanzar.
La evaluación reconoce como pasos positivos el aumento de los procesos judiciales, un mayor número de condenas y la remisión de más víctimas a servicios de protección. También destaca la modificación de la Ley 137-03, orientada a elevar las penas, y la creación de una unidad especial de investigación dentro de la fiscalía especializada.
Los datos citados en el informe corresponden principalmente a 2025. Durante ese período, las autoridades dominicanas investigaron 94 casos, procesaron a 73 personas señaladas como presuntos responsables y obtuvieron 30 condenas. En 2024 se habían registrado 229 investigaciones y 11 condenas.
Entre las personas condenadas figura un miembro de la Policía Nacional sentenciado a 20 años de prisión por trata con fines de explotación sexual. El informe presenta ese caso como parte de los esfuerzos contra la complicidad oficial, sin identificarlo en el resumen divulgado este jueves.
La evaluación contabiliza 139 víctimas identificadas: 138 vinculadas con explotación sexual y una con trabajo forzoso. De ese total, 108 eran extranjeras, principalmente colombianas; 30 eran dominicanas explotadas en el país y una dominicana fue explotada en Nigeria.
El documento también advierte deficiencias persistentes. Señala dificultades para detectar víctimas de trabajo forzoso y casos que afectan a hombres, además de limitaciones en los servicios especializados disponibles fuera de los principales centros urbanos.
Otra observación se refiere al programa piloto para registrar a trabajadores migrantes mediante contratos laborales. La evaluación sostiene que no hubo una expansión significativa de esa iniciativa, considerada una vía para reducir la vulnerabilidad frente al trabajo forzoso.
El Plan de Acción Nacional 2025-2028 dispone de una asignación de 432 millones de pesos. Sin embargo, el informe plantea que los inspectores laborales no identificaron sistemáticamente posibles casos de trabajo forzoso ni los remitieron siempre a investigación penal.
La clasificación de Nivel 2 no significa ausencia de acciones gubernamentales. Describe a países que realizan esfuerzos relevantes, pero todavía no alcanzan plenamente los estándares mínimos establecidos para prevenir la trata, perseguir a los responsables y proteger a las víctimas.
El reporte identifica como grupos particularmente expuestos a niños sin hogar, menores haitianos, personas mayores y personas con discapacidad. También alerta sobre falsas ofertas de empleo, retención de documentos y captación a través de redes sociales.
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Fuentes: Departamento de Estado de Estados Unidos, Noticias SIN.
