PUNTA CANA.— Tobago enfrenta un debate que resume uno de los grandes retos del turismo caribeño: cómo atraer inversión y ampliar la oferta hotelera sin comprometer ecosistemas costeros que también sostienen el valor del destino.
El proyecto previsto en Rocky Point, en el entorno de Mt. Irvine, contempla un hotel de 200 habitaciones, bungalós, villas, residencias privadas y otras instalaciones asociadas sobre 11.99 hectáreas. La autoridad ambiental de Trinidad y Tobago otorgó el 28 de abril de 2026 el certificado correspondiente, sujeto a condiciones y medidas de manejo.
Esa autorización ambiental, sin embargo, no equivale por sí sola a un permiso definitivo para iniciar todas las obras. Los trámites urbanísticos y las aprobaciones finales continúan bajo revisión de las autoridades competentes, una diferencia importante para no presentar como consumado un desarrollo que todavía atraviesa etapas administrativas.
Quienes respaldan la iniciativa sostienen que una nueva inversión de esta escala puede ampliar la capacidad de alojamiento, estimular el empleo y generar actividad para suplidores, transporte, gastronomía y otros servicios. Es el mismo efecto multiplicador que convierte al turismo en una fuente decisiva de ingresos para numerosas islas del Caribe.
Las objeciones se concentran en la proximidad de hábitats costeros sensibles, áreas utilizadas por tortugas marinas, vegetación litoral y arrecifes. Grupos comunitarios y ambientales temen que la dimensión del complejo incremente la presión sobre el agua, el tránsito, la erosión y los servicios públicos. Esas preocupaciones son alegaciones sometidas al debate público; no constituyen una constatación de daño causado, porque el proyecto aún no ha recibido todas las autorizaciones.
La clave estará en la aplicación verificable de las condiciones ambientales, la transparencia del monitoreo y la capacidad institucional para detener o corregir incumplimientos. Un certificado tiene valor únicamente si se traduce en límites medibles, fiscalización independiente y acceso público a los resultados.
Para Punta Cana y otros polos dominicanos, el caso ofrece una advertencia útil. La competitividad turística no se decide solo por la cantidad de habitaciones inauguradas, sino también por la calidad del ordenamiento territorial, el tratamiento de aguas, la protección de playas y arrecifes y la participación de las comunidades. Iniciativas como la reproducción asistida de corales en Cap Cana muestran que conservación e inversión pueden integrarse cuando existen objetivos concretos y seguimiento.
El dilema de Tobago no exige escoger automáticamente entre desarrollo o naturaleza. Exige que cualquier expansión demuestre, antes de construirse, que sus beneficios económicos no trasladarán costos ambientales y sociales irreversibles a la población ni al propio destino turístico.
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Fuentes: Environmental Management Authority de Trinidad y Tobago, registro CEC 6451/2022 de la Environmental Management Authority, The Guardian. Foto ilustrativa de una playa de Tobago —no corresponde a Rocky Point ni al proyecto—: Chris Fitzpatrick (Saltprune416), Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, sin modificaciones.
