Foto: Diplomatic Security Service / Wikimedia Commons (archivo, 2019).
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua reiteró el miércoles 28 de octubre en Naciones Unidas que existen motivos razonables para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad y reclamó vías internacionales para exigir responsabilidades. El Gobierno nicaragüense rechaza los señalamientos.
Reed Brody, integrante del grupo, pidió que otros Estados impulsen un caso ante la Corte Internacional de Justicia por la privación de nacionalidad a opositores. Es una propuesta de los expertos, no una sentencia ni el anuncio de un nuevo proceso ya abierto.
La intervención prolonga el debate celebrado el 27 de octubre en un encuentro paralelo de la Tercera Comisión de la Asamblea General. Allí, Brody expuso cuatro opciones: acudir a mecanismos judiciales internacionales, explorar la actuación de la Corte Penal Internacional, promover investigaciones bajo jurisdicción universal y aplicar sanciones selectivas.
En ese encuentro explicó que Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma. Por ello, la posible intervención de la Corte Penal Internacional requeriría examinar fundamentos específicos de jurisdicción; no constituye una competencia automática sobre cualquier hecho denunciado en el país.
Los expertos sostienen que la concentración de funciones estatales bajo los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo restringe las posibilidades de investigar los abusos dentro de Nicaragua. La presentación ante Naciones Unidas también abordó las consecuencias de retirar la nacionalidad y obstaculizar el acceso a documentos a personas exiliadas.
La representación nicaragüense cuestionó el mandato del grupo y calificó su actuación como parte de campañas de hostilidad política. Esa posición oficial contrasta con la petición de los investigadores de preservar pruebas y facilitar mecanismos de justicia para las víctimas.
La relatora sobre independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió en el encuentro del martes que las restricciones al ejercicio profesional perjudican también a quienes necesitan defensa jurídica. Reclamó proteger el trabajo de los abogados frente a intimidaciones y represalias.
FP Noticias también informó sobre las recomendaciones de otra misión de investigación sobre Sudán. Son mecanismos y expedientes distintos; en ambos casos, las recomendaciones deben distinguirse de decisiones judiciales o medidas ya aprobadas.
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Fuentes: Associated Press, comparecencia del 28 de octubre; ONU, transcripción del encuentro del 27 de octubre; Infobae, presentación y respuesta nicaragüense. Imagen: Diplomatic Security Service, sede de la ONU, 2019, dominio público; tamaño reducido.
