Por Fernando M. Placeres, M.Sc.
República Dominicana necesita una política hacia Haití que proteja simultáneamente la seguridad y el comercio legal. Tratar cada intercambio como una amenaza puede perjudicar a productores dominicanos y compradores haitianos; celebrar las exportaciones sin examinar sus condiciones tampoco constituye una estrategia. La frontera requiere decisiones capaces de distinguir riesgos, mercancías y personas.
El debate tiene una dimensión económica comprobable. ProDominicana informó el 12 de octubre de 2026 que Haití recibió US$1,040.5 millones en mercancías dominicanas entre enero y septiembre, según datos preliminares de Aduanas. Fue el tercer destino exportador, detrás de Estados Unidos y Canadá. La información publicada el 13 de noviembre sobre ese intercambio recoge el mismo monto: no se trata de ventas realizadas solamente esta semana.
Ese resultado convive con una crisis que las cifras comerciales no desmienten. El 11 de noviembre, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití documentó al menos 1,167 muertos y 459 heridos entre julio y septiembre. Su balance, recogido también por FP Noticias, reclama protección para la población y una presencia estatal sostenida en los territorios recuperados.
Vender más a un país empobrecido no demuestra que sus habitantes vivan mejor. Las estadísticas aduaneras registran valores comercializados; no explican por sí solas cuánto cuesta distribuir un alimento, quién puede pagarlo o qué obstáculos enfrenta hasta llegar al consumidor. El interés dominicano debería ser un vecino con capacidad de producir, comprar y garantizar derechos, no una dependencia prolongada de suministros externos.
La cobertura del mercado de Jimaní publicada el 13 de noviembre describe una actividad que continúa pese a la violencia haitiana. Esa observación tiene un límite importante: el funcionamiento de un mercado fronterizo no permite presumir seguridad en todo el recorrido posterior. Tampoco la inseguridad de Puerto Príncipe justifica tratar cada puesto comercial como si enfrentara idénticas condiciones.
De esa diferencia debe partir la actuación de Aduanas y del Ministerio de Defensa. Proponemos controles basados en riesgos identificables, documentación trazable y coordinación de inspecciones para evitar revisiones redundantes. Ante una amenaza concreta, una restricción puede ser necesaria. Pero debería delimitarse su alcance, comunicarse qué operaciones afecta y revisarse periódicamente, sin revelar información que comprometa la seguridad.
La objeción más fuerte es evidente: facilitar movimientos puede ofrecer oportunidades al contrabando y a redes criminales. Ningún volumen de ventas justifica ignorarlo. Precisamente por eso, la respuesta debe concentrar capacidad en detectar cargas, intermediarios y operaciones irregulares. Confundir facilitación comercial con ausencia de vigilancia empobrece el debate y deja sin evaluar la eficacia real de los controles.
Al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y a ProDominicana les corresponde escuchar también a pequeños exportadores y comerciantes fronterizos. Como propuesta, deberían medir demoras, costos de cumplimiento y pérdidas por interrupciones, desglosados por paso fronterizo. La Cancillería tendría que incorporar esos problemas a su interlocución con las autoridades haitianas, junto con la protección de transportistas y compradores. Una vía de denuncia debe permitir documentar irregularidades sin exponer públicamente a quien reclama.
La prioridad dominicana debe quedar clara: sostener intercambios legales bajo vigilancia eficaz y exigir que cualquier restricción tenga fundamento, alcance definido y revisión. Defender la soberanía incluye administrar bien la frontera. Los empleos y negocios vinculados a ese comercio merecen una política estable, capaz de responder a amenazas comprobadas sin convertir la incertidumbre en norma.
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Fuentes: Diario Libre, exportaciones, 13 de noviembre; Diario Libre/EFE, Jimaní, 13 de noviembre; ProDominicana, balance enero-septiembre de 2026; BINUH, 11 de noviembre de 2026.
