Por Fernando M. Placeres, M.Sc.
Presidir Ibermedia debería servir a República Dominicana para defender una idea exigente de política cultural: una película apoyada con recursos públicos necesita oportunidades de encontrarse con el público. Financiar su realización es indispensable, pero dejar su circulación para después puede convertir una obra terminada en una conversación que casi nadie tiene ocasión de escuchar.
El 16 de noviembre de 2026, el Consejo Intergubernamental eligió a Marianna Vargas Gurilieva, directora de la DGCINE, para encabezar el programa durante dos años. Ibermedia confirmó la decisión y la entrevista publicada este 19 de noviembre recoge entre sus prioridades conocer qué ocurre con las películas después del financiamiento. Es un punto de partida valioso: el reconocimiento diplomático abre una responsabilidad sobre el destino de las obras.
El programa incluye entre sus objetivos la distribución y exhibición del cine iberoamericano, además de la formación y la coproducción. No hace falta inventarle otra misión. Hace falta que el debate sobre los resultados no termine al contar proyectos seleccionados, rodajes concluidos o premios. Una cinematografía también se fortalece cuando sus historias circulan entre comunidades que no participan de los encuentros profesionales.
Esto no significa medir cada película por su taquilla. Una obra experimental, una lengua minoritaria o un relato incómodo pueden justificar apoyo aunque convoquen públicos pequeños. Si el Estado exigiera rentabilidad comercial a todo proyecto, terminaría reproduciendo la selección del mercado que la cooperación cultural busca ampliar. La exigencia defendible es otra: identificar a quién quiere llegar la obra, ofrecerle una vía de acceso y examinar qué ocurrió.
La nueva presidencia debería impulsar, junto con el Consejo y la Secretaría Técnica, que los proyectos contemplen desde su desarrollo una estrategia de circulación viable. Eso incluye reservar recursos, resolver permisos de exhibición y prever formatos accesibles. Un acuerdo con una plataforma puede ser útil, pero aparecer en un catálogo tampoco garantiza descubrimiento. La discusión sobre el poder de distribuir la atención alcanza también a las historias que un país consigue ver.
En el ámbito dominicano, la DGCINE y Cultura podrían ensayar circuitos de exhibición con espacios educativos, salas y organizaciones locales. Para La Altagracia, proponemos un piloto que conecte Higüey y Verón–Punta Cana, con funciones abiertas a residentes, horarios compatibles con el trabajo por turnos y conversaciones con realizadores. Es una propuesta, no un programa anunciado ni la afirmación de que no existan iniciativas culturales en la provincia.
Los hoteles y otras empresas podrían colaborar con espacios o transporte, sin controlar la selección de películas. Reducir el cine a promoción del destino excluiría precisamente lo que hace valiosa a una creación: poder mostrar conflictos, contradicciones y vidas que no caben en un anuncio. La comunidad debe ser interlocutora de la cultura, no solamente escenario o personal de apoyo.
La objeción presupuestaria merece respuesta. Llevar funciones a distintos lugares cuesta y no debería desplazar sin evaluación la producción ni competir de manera desleal con exhibidores. Por eso conviene empezar con acuerdos limitados, remunerar los derechos y publicar costos, asistencia y continuidad del público. El éxito no sería una sala llena durante una ceremonia, sino comprobar qué formatos pueden sostener encuentros posteriores.
República Dominicana puede aprovechar esta presidencia sin confundirla con una ventaja nacional para obtener fondos. Su contribución más sólida sería defender la diversidad de la selección y la circulación efectiva de las obras. Que más películas lleguen a existir importa; que más personas puedan encontrarlas completa la promesa cultural.
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Fuentes: Diario Libre, entrevista del 19 de noviembre de 2026; Programa Ibermedia, elección del 16 de noviembre y prioridades del mandato.
