Por Fernando M. Placeres, M.Sc.
Recuperar una playa con dinero público exige decidir, antes de contratar la obra, quién pagará por conservarla y cómo podrá disfrutarla la comunidad. Sin esas condiciones, República Dominicana corre el riesgo de financiar una mejora cuyo beneficio inmediato se concentra en negocios cercanos, mientras el mantenimiento vuelve después a una caja pública sin recursos reservados.
El Foro Sostenibilidad Asonahores de Inversión Turística, celebrado el 19 de noviembre de 2026, volvió a colocar la protección costera en la agenda. La información publicada este día 20 recoge que el ministro David Collado destacó un préstamo de US$70 millones del Banco Interamericano de Desarrollo para intervenir playas. Es una oportunidad para discutir el ciclo completo de esa inversión, desde su diseño hasta su conservación.
Conviene precisar el calendario. La ficha oficial del BID identifica el Proyecto de Gestión Costera Sostenible, DR-L1154, como una operación aprobada el 3 de mayo de 2023 y actualmente en implementación. Confirma los US$70 millones y señala objetivos de restauración costera y fortalecimiento institucional. La mención de esta semana no constituye la aprobación de un préstamo nuevo; tampoco el monto total demuestra cuánto se ha desembolsado o qué obras están terminadas.
El dilema no consiste en escoger entre proteger hoteles y proteger personas. Una playa sostiene actividades distintas: alojamiento, excursiones, pequeños comercios y recreación. La inversión puede beneficiar a todas. Lo que necesita una decisión política explícita es el reparto de sus costos y de las oportunidades que crea.
Financiar con impuestos una intervención frente a establecimientos privados puede estar justificado cuando protege un recurso compartido y una actividad económica relevante. Exigir que cada hotel resuelva por separado su tramo tampoco ofrece, por sí solo, una solución coherente. Pero esa justificación pierde fuerza si la recuperación no incorpora acceso comunitario, mantenimiento y participación de quienes trabajan fuera de los grandes complejos.
Para Bávaro y Punta Cana, el criterio debería aplicarse a cada intervención que se proponga, sin presuponer que todas las playas necesitan la misma obra. Turismo y Medio Ambiente deberían exigir una evaluación que examine el tramo y su entorno, compare alternativas y establezca cómo se comprobarán sus efectos. La decisión de construir no puede depender únicamente de que exista financiamiento disponible.
La conservación requiere un acuerdo separado de la inauguración. Proponemos que cada proyecto identifique al operador responsable, el costo anual estimado y las fuentes de recursos para inspección, limpieza y mantenimiento. Los aportes empresariales pueden formar parte de ese acuerdo, con reglas proporcionales y públicas; no deberían comprar exclusividad sobre el espacio recuperado ni sustituir la supervisión estatal.
Las autoridades locales, los operadores turísticos y las organizaciones comunitarias deben intervenir en el diseño de accesos y servicios. Un vendedor o una familia residente también necesitan saber cómo utilizarán la playa durante y después de los trabajos. La gente que construye Punta Cana debe contar como beneficiaria de la inversión, además de como fuerza laboral del destino.
La condición concreta para avanzar es incorporar conservación financiada y uso comunitario al expediente de cada obra, con responsables que continúen después de su entrega. Restaurar la costa merece recursos. Gastarlos sin resolver quién cuidará lo restaurado significa dejar incompleta la inversión desde el primer día.
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Fuentes: Diario Libre, foro de inversión turística, 20 de noviembre de 2026; BID, ficha oficial del proyecto DR-L1154, consultada el 20 de noviembre de 2026.






