Inicio Opinion Nota Editorial Verón–Punta Cana: municipalizar sin fragmentar los servicios

Verón–Punta Cana: municipalizar sin fragmentar los servicios

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Por Fernando M. Placeres, M.Sc.

Verón–Punta Cana necesita un gobierno local con capacidad para ordenar su crecimiento. Elevar su categoría puede contribuir a ese objetivo, pero dividir responsabilidades sin resolver cómo se prestarán los servicios podría multiplicar oficinas y dejar intactos los problemas. La reforma territorial debe demostrar qué mejora para el residente antes de convertirse en una disputa por las nuevas posiciones de poder.

El debate turístico del 20 de noviembre de 2026 ofrece una medida pertinente. En el foro de Asonahores celebrado el día 19, la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Alnuwais, planteó superar la búsqueda de más visitantes y hoteles mediante mejores inversiones. Aplicada al territorio, esa exigencia significa disponer de instituciones capaces de coordinar lo que ocurre fuera de cada proyecto privado.

El 20 de noviembre, una vista pública de la Comisión de Asuntos Municipales reunió en Punta Cana a representantes comunitarios, empresariales y políticos. Alfredo Pacheco respaldó elevar categorías, aunque advirtió que la condición de cada demarcación seguía pendiente de definición. La consulta reseñada por FP Noticias confirma que hay diferencias por resolver; no anuncia una nueva división territorial vigente.

El expediente tiene antecedentes verificables. El orden del día oficial de Diputados del 11 de noviembre identifica la iniciativa 06570-2024-2028-CD, propuesta por Rafael Barón Duluc, y registra su aprobación senatorial del 14 de octubre y su depósito en la Cámara Baja el 29 de octubre. Es un trámite legislativo, no prueba de que el cambio ya esté en vigor. El respaldo de diputados recogido en septiembre tampoco debe confundirse con una decisión definitiva.

El dilema central está en la escala. Una autoridad más cercana puede conocer mejor a sus comunidades y responder con mayor rapidez. Pero un drenaje, una ruta de transporte o un sistema de manejo de residuos no termina necesariamente donde se dibuja una frontera administrativa. Si cada unidad planifica por separado, los costos de la descoordinación pueden recaer precisamente sobre quienes cruzan esas fronteras para trabajar.

La comisión debería comparar las alternativas territoriales con un mismo criterio: población atendida, ingresos previstos, costo administrativo y continuidad de servicios. El Ayuntamiento de Higüey y la Junta Distrital de Verón–Punta Cana deberían aportar inventarios de bienes, contratos y obligaciones para diseñar la transición. No corresponde suponer que una nueva denominación crea por sí sola recursos adicionales suficientes.

También sería injusto utilizar la complejidad técnica para aplazar indefinidamente la representación local. Esa es la objeción más fuerte a exigir más estudios: puede convertirse en una excusa para conservar la centralización. La respuesta debe ser un plazo de trabajo definido y decisiones comparables, no una espera sin término. Fortalecer la autonomía y compartir determinados servicios son objetivos compatibles.

Proponemos que el Congreso acompañe cualquier reorganización con un esquema de transición y mecanismos de coordinación entre las autoridades involucradas. Turismo, Obras Públicas y los organismos competentes deben participar donde sus responsabilidades se crucen con las locales. Los residentes necesitan saber quién recoge, quién mantiene, quién autoriza y ante quién reclaman; los inversionistas, reglas territoriales coherentes.

La Altagracia puede avanzar hacia una administración más cercana sin convertir cada límite en una barrera. El cambio defendible será el que distribuya mejor el poder y conserve la capacidad de resolver problemas comunes. Antes de aprobar el nuevo mapa, el Congreso debe explicar cómo funcionará el territorio al día siguiente.

FP Noticias, tus ojos en todas partes.

Fuentes: Diario Libre, 20 de noviembre de 2026; Diario Libre, debate territorial del 15 de septiembre; Bávaro News, vista pública del 20 de noviembre; Cámara de Diputados, orden del día del 11 de noviembre, punto 10.20.