Por Fernando M. Placeres, M.Sc.
La escuela dominicana debe incorporar inteligencia artificial con una condición exigible: demostrar que el estudiante aprende mejor y puede explicar lo aprendido sin depender de la herramienta. Comprar licencias, repartir dispositivos o contar conexiones no basta para justificar una política educativa.
El debate cobró actualidad esta semana en el VI Foro Global celebrado en Casa de Campo. En la información publicada el 11 de noviembre, Javier González, director de Summa, advirtió sobre la confusión entre obtener una respuesta y desarrollar conocimiento. La pregunta institucional que deja esa discusión es concreta: ¿quién comprobará el aprendizaje antes de extender una plataforma a miles de aulas?
La dimensión del desafío tiene respaldo independiente. Los resultados de PISA 2025, publicados el 8 de septiembre de 2026, indican que el 50 % de los estudiantes dominicanos de 15 años encuestados utiliza chatbots para aprender al menos semanalmente. El 40 % los emplea para resumir textos y el 36 % para redactar trabajos. Son respuestas de estudiantes, no pruebas de que la tecnología haya causado una mejora o un deterioro académico.
Estos datos impiden tratar la inteligencia artificial como una novedad todavía lejana. Pero tampoco justifican atribuirle los problemas anteriores del sistema. El Ministerio de Educación necesita distinguir dos responsabilidades: enseñar a utilizar las herramientas y asegurar que estas no oculten lo que el alumno aún no comprende.
La objeción merece atención: prohibirlas de manera general podría ampliar la distancia entre quienes reciben orientación en casa y quienes dependen de la escuela. Un asistente puede ofrecer explicaciones adicionales y ayudar al docente a preparar materiales. Descartar esas posibilidades sería tan poco riguroso como aceptar las promesas comerciales sin evaluación.
Proponemos que cualquier ampliación de programas públicos comience con pruebas acotadas, objetivos publicados y evaluación independiente. Antes de contratar, Educación debería precisar qué habilidad busca mejorar, cómo medirá el punto de partida y qué resultado justificaría continuar. La comparación debe incluir el costo completo: conectividad, formación, soporte y tiempo de trabajo docente. Si el progreso no aparece, debe ser posible corregir o terminar el programa.
La evaluación también necesita cambiar. Una tarea impecablemente redactada no demuestra por sí sola comprensión. Los centros pueden combinar trabajos asistidos con explicaciones orales, ejercicios en clase y revisión de borradores. Proponemos valorar cómo el estudiante identifica un error, defiende una conclusión y reconoce la ayuda utilizada. Esto requiere acompañamiento al maestro; añadir obligaciones sin tiempo ni preparación convertiría la reforma en otra carga administrativa.
En Verón–Punta Cana, las denuncias recientes de familias sobre cupos y profesores obligan a mantener claras las prioridades. Son testimonios que necesitan respuesta y dimensionamiento oficial. Ninguna plataforma resuelve por sí sola la falta de acceso a la docencia. La innovación debe evaluarse junto con las condiciones que permiten aprender, sin presentar una compra tecnológica como sustituto de esas obligaciones.
La UNESCO recomienda validar la pertinencia pedagógica y proteger los datos personales. Educación debe traducir esos criterios en requisitos verificables para proveedores y centros: qué información se recoge, quién puede usarla y cómo se supervisan las respuestas. Nuestra posición es incorporar tecnología bajo control educativo, con resultados públicos y posibilidad real de rectificación. El indicador decisivo será lo que el alumno pueda comprender y resolver por sí mismo.
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Fuentes: Diario Libre, 11 de noviembre de 2026; OCDE, PISA 2025: República Dominicana; UNESCO, guía sobre IA generativa en educación; FP Noticias, testimonios de familias de Verón.
