Por Fernando M. Placeres, M.Sc.
Para República Dominicana, defender que ningún país sea negociado por terceros es una política de seguridad. Un Estado caribeño no puede basar su tranquilidad exclusivamente en la buena voluntad de una potencia. Necesita que las reglas sigan teniendo valor cuando cambian las alianzas y aparecen negocios más atractivos.
El debate de este 20 de noviembre sobre la reunión de Estados Unidos, China y Rusia invita a examinar quién participa en las decisiones internacionales. El Caribe tiene un caso inmediato. El 19 de noviembre de 2026, la Cancillería de Guyana afirmó que Washington le había asegurado que su posición sobre la controversia fronteriza con Venezuela permanecía sin cambios y mantenía su respaldo al proceso ante la Corte Internacional de Justicia.
La aclaración siguió a informaciones sobre conversaciones territoriales. La cobertura consultada recoge versiones de fuentes sobre posibles concesiones y la respuesta estadounidense de que su política no había cambiado. Es indispensable separar esas versiones de un acuerdo: no acreditan una cesión del Esequibo ni una decisión judicial definitiva. FP Noticias ha explicado el alcance del comunicado guyanés.
El problema que interesa a nuestro país va más allá de respaldar a un vecino en una coyuntura. Si una controversia territorial termina tratándose como una compensación dentro de otra negociación, los Estados con menor capacidad de presión quedan expuestos a intereses ajenos. La afinidad con una administración extranjera puede ser útil; convertirla en sustituto de garantías institucionales deja la protección a merced del próximo cambio político.
La Carta de las Naciones Unidas establece la igualdad soberana, la solución pacífica de controversias y la prohibición de amenazar o emplear la fuerza contra la integridad territorial. Esos principios no resuelven automáticamente cada disputa. Sí ofrecen un límite común que las potencias también deben respetar. Para los países pequeños, sostenerlo es una forma de reducir su desventaja material.
Existe una objeción que merece atención: las negociaciones discretas y la mediación externa pueden desbloquear conflictos que llevan décadas abiertos. Rechazarlas por principio sería imprudente. La distinción decisiva está en el consentimiento de las partes y en el respeto de los compromisos aplicables. Facilitar una conversación no otorga al mediador facultad para disponer del territorio de otro. Tampoco una promesa de inversión debería sustituir la decisión soberana de los afectados.
El Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano debería sostener esa posición ante sus socios estadounidenses, venezolanos y caribeños con el mismo lenguaje. Proponemos promover consultas regionales sobre solución pacífica de controversias y protección de los procedimientos judiciales, sin fingir que Santo Domingo puede dictar el resultado del litigio. La coherencia exige defender el principio incluso cuando incomoda a un aliado comercial o político.
Para una economía turística como la nuestra, la estabilidad regional tiene un valor que no cabe en el anuncio de una inversión. Un deterioro de la seguridad puede introducir incertidumbre en transporte, seguros y decisiones empresariales; no afirmamos que este episodio haya producido ya esos efectos. El interés dominicano consiste precisamente en prevenirlos, preservando relaciones económicas sin aceptar que estas compren silencio diplomático.
La conclusión es concreta: República Dominicana debe apoyar el diálogo y rechazar cualquier arreglo impuesto a sus participantes. La cooperación entre potencias será más segura para el Caribe cuando amplíe las posibilidades de acuerdo de sus países, en lugar de reducir su capacidad de decidir.
FP Noticias, tus ojos en todas partes.
Fuentes: Diario Libre, editorial del 20 de noviembre de 2026; Cancillería de Guyana, comunicado del 19 de noviembre; Reuters, 19 de noviembre; ONU, Carta, artículo 2.






