Foto: Pablo H / Wikimedia Commons (archivo, 2007).
El Congreso de Colombia aprobó nuevas condiciones para que integrantes de grupos armados ilegales se sometan a la justicia, mediante un proyecto que sustituye el enfoque de negociación de la política de “paz total”. La iniciativa del Gobierno de Abelardo de la Espriella completó su trámite legislativo en la jornada del 3 de noviembre, prolongada hasta cerca de la medianoche.
El Senado confirmó este miércoles 4 que la Cámara de Representantes acogió el mismo texto: hubo 57 votos favorables y 24 contrarios en el Senado, y 95 a favor y 10 en contra en la Cámara. Esa coincidencia evitó una conciliación. Las fuentes consultadas sitúan el proyecto en trámite de sanción presidencial; no permiten afirmar todavía que esté en vigor.
El esquema contempla reducciones de penas de hasta 50 % para integrantes de base y de hasta 30 % para cabecillas, sin negociación ni reconocimiento político. Son beneficios sujetos a condiciones, no una amnistía automática para quienes manifiesten intención de entregarse.
Entre los requisitos figuran entregar armas y bienes, identificar integrantes, liberar a menores reclutados o secuestrados, colaborar en la búsqueda de desaparecidos y aportar información sobre conexiones políticas y redes de corrupción. Los jefes no podrían recibir penas inferiores a diez años.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, sostuvo que el proyecto no suspende órdenes de captura ni extradiciones y defendió sus disposiciones para proteger a menores. El Gobierno lo presenta como una herramienta para desmantelar estructuras criminales y recuperar el control territorial.
La oposición cuestiona ese alcance. La representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, advirtió que la iniciativa amenaza la protesta social y no garantiza la reparación de las víctimas. Se trata de objeciones políticas al texto aprobado, no de una sentencia judicial sobre su validez.
La discusión tiene consecuencias para comunidades afectadas por la violencia y las economías ilegales. FP Noticias informó en octubre del ataque que dejó heridos y cerró la Panamericana en Cauca. La aprobación de un marco jurídico no acredita por sí sola la desmovilización de una organización ni una reducción de esos riesgos.
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Fuentes: Senado de Colombia; Reuters; EFE; La Silla Vacía, 4 de noviembre de 2026. Imagen: Pablo H, 27 de septiembre de 2007, CC BY 2.0.
