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Viettel: competir debe mejorar el servicio

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Por Fernando M. Placeres, M.Sc.

La entrada de Viettel debe juzgarse por la capacidad del dominicano de elegir un servicio mejor. Una concesión puede abrir el mercado; no garantiza que la competencia llegue con igual intensidad al pequeño negocio, al barrio donde viven los trabajadores o a una comunidad rural. Esa diferencia debería orientar la supervisión desde el primer día.

El 16 de noviembre de 2026, Indotel formalizó la concesión de Viettel Dominicana y una adenda para Claro. La comunicación oficial sitúa los compromisos económicos conjuntos en US$119.5 millones: US$107 millones de Viettel y US$12.5 millones de Claro. Son compromisos asociados a la adjudicación, no una medida de la inversión ya ejecutada en antenas ni del ahorro que recibirán los usuarios.

La nueva oferta merece una bienvenida exigente. Más alternativas pueden presionar a los operadores establecidos para mejorar, pero todavía hace falta desplegar infraestructura y convertir los anuncios en servicios contratables. Presentar la firma como una reducción consumada de tarifas confundiría una oportunidad con un resultado.

En La Altagracia, el examen no debería limitarse a la señal disponible en establecimientos turísticos. Un proveedor de excursiones necesita confirmar reservas; un pequeño comercio, procesar pedidos; un trabajador, comunicarse desde su vivienda. Son usos que permiten definir qué medir, no pruebas de una falla concreta. La evaluación territorial debe incluir Verón, los barrios de Higüey y las comunidades que quedan fuera de los corredores comerciales más atractivos.

Indotel debería establecer una comparación pública de servicios que permita entender el precio final, la cantidad de datos incluida, las restricciones y lo que ocurre al terminar una promoción. Una tarifa de entrada puede parecer barata y resultar menos conveniente para determinado consumo. El regulador debe facilitar comparaciones entre ofertas equivalentes, mientras cada empresa responde por la claridad de lo que vende.

La cobertura también necesita una prueba comprensible. Proponemos mediciones independientes, con metodología publicada, en distintos horarios y lugares de uso cotidiano. Un mapa de disponibilidad no explica por sí solo la estabilidad de una llamada o la posibilidad de completar una operación. Las mediciones deberían abarcar a todos los operadores: la fiscalización pierde credibilidad si solo examina al recién llegado.

Hay una objeción económica atendible. Extender redes cuesta dinero y exigir despliegue inmediato en todas partes puede volver inviable una inversión. Por eso corresponde acordar y fiscalizar etapas realistas, distinguiendo obligaciones contractuales de metas adicionales de política pública. Las autoridades locales deberían facilitar trámites claros para infraestructura compatible con la planificación urbana; las empresas, informar sus avances sin presentar proyecciones como cobertura existente.

El anuncio oficial contempla aplicar hasta un 30 % de los montos comprometidos a proyectos de beneficio ciudadano, sujeto a elegibilidad y aceptación contractual. Esa posibilidad requiere especial vigilancia. Indotel debería publicar qué proyecto se acepta, cómo se valora, quién certifica su entrega y qué mantenimiento tendrá. Una obra que sustituye parte de un pago debe demostrar su valor público con tanta claridad como un ingreso monetario.

La gente que construye Punta Cana necesita participar de esa expansión, no quedar reducida a audiencia de su publicidad. La conclusión para República Dominicana es concreta: abrir espacio a nuevos competidores y exigir a todos información comparable, cumplimiento verificable y atención efectiva. El éxito de esta concesión comenzará cuando elegir otra compañía sea una posibilidad útil para más hogares y negocios.

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Fuentes: Diario Libre, firma de la concesión, 16 de noviembre de 2026; Presidencia de la República, comunicación del Indotel, 16 de noviembre de 2026.

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