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Celulares en las aulas: el resultado debe ser aprender

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Por Fernando M. Placeres, M.Sc.

Retirar el celular del aula puede proteger un espacio de aprendizaje. Presentarlo como una reforma educativa suficiente sería una manera cómoda de eludir problemas más difíciles. República Dominicana debe sostener reglas claras sobre los dispositivos y exigir, al mismo tiempo, pruebas de que su aplicación mejora la enseñanza sin crear nuevas barreras para estudiantes y familias.

El debate vuelve a cobrar actualidad este 18 de noviembre de 2026 con la difusión de investigaciones internacionales sobre restricciones escolares. Nuestro país ya tiene una política: en su comunicación del 28 de mayo, el Ministerio de Educación explicó que la Orden Departamental 011-2026 regula los dispositivos en centros públicos y privados, incorpora protección frente a la violencia digital y exige protocolos internos elaborados con docentes, familias y alumnos. No estamos ante una prohibición recién anunciada.

La evidencia aconseja evitar triunfalismos. El documento de trabajo de Hunt Allcott y otros cinco investigadores, revisado en septiembre de 2026, estudió escuelas estadounidenses que adoptaron fundas con cierre para los teléfonos. Encontró una reducción del uso, pero efectos promedio sobre las pruebas académicas cercanos a cero. Detectó diferencias por nivel y un aumento inicial de incidentes disciplinarios que posteriormente se desvanecía. Es una evaluación de una intervención concreta, no un veredicto sobre toda restricción ni una predicción del resultado dominicano.

La distinción tiene consecuencias presupuestarias. Comprar dispositivos de custodia, dedicar personal a recoger teléfonos o multiplicar sanciones consume recursos. Antes de extender una solución costosa, Educación debería comparar alternativas de cumplimiento y explicar qué problema resuelve cada una. Una escuela necesita autoridad para enseñar; también necesita evitar que administrar aparatos absorba el tiempo que buscaba recuperar.

El Ministerio debería encargar una evaluación por niveles educativos que observe aprendizaje, interrupciones de clase, convivencia y tiempo dedicado a hacer cumplir la regla. Contar celulares retenidos solo mide una actuación administrativa. Comparar resultados exige considerar diferencias entre centros, condiciones anteriores y cambios simultáneos en la enseñanza. Publicar un promedio sin esas precauciones puede convertir una campaña de disciplina en una promesa académica sin fundamento.

La preocupación de las familias merece una respuesta operativa. Pensemos en una madre que trabaja por turnos en un hotel de Bávaro y necesita avisar de un cambio en la recogida de su hijo. Es un ejemplo de coordinación cotidiana, no una denuncia contra un plantel. Restringir el teléfono personal exige que la dirección escolar disponga de un canal de contacto atendido, procedimientos de emergencia y responsables conocidos. En Verón y otras comunidades de La Altagracia, ese componente debería comprobarse junto con el cumplimiento en el aula.

Defender la comunicación familiar no equivale a autorizar interrupciones permanentes. Tampoco proteger la atención obliga a renunciar a enseñar tecnología. La propia comunicación ministerial permite un uso pedagógico regulado y supervisado en secundaria. Esa posibilidad debe tener objetivos y alternativas para quien no dispone de equipo; de otro modo, una actividad educativa puede terminar premiando la capacidad de compra del hogar.

La discusión sobre quién influye sobre nuestra atención llega aquí a una responsabilidad institucional concreta. El próximo balance de Educación debería mostrar cómo funcionan las restricciones, cuánto cuestan y qué resultados permiten sostener. La política defendible combina límites, comunicación y formación digital. Su éxito debe comprobarse en lo que los estudiantes aprenden, no en la cantidad de teléfonos que dejan de verse.

FP Noticias, tus ojos en todas partes.

Fuentes: Diario Libre, 18 de noviembre de 2026; Ministerio de Educación, 28 de mayo de 2026; Allcott y colaboradores, documento de trabajo 35132, revisión de septiembre de 2026.

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