Inicio Opinion Nota Editorial El subsidio de hoy no debe cancelar la inversión de mañana

El subsidio de hoy no debe cancelar la inversión de mañana

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Por Fernando M. Placeres, M.Sc.

Amortiguar un aumento de los combustibles puede proteger a las familias. Convertir ese alivio en una obligación sin horizonte puede quitar recursos a los servicios que esas mismas familias necesitan. La nueva modificación del presupuesto dominicano debe discutirse desde esa tensión: cuánto cuesta sostener los precios hoy y qué capacidad de inversión quedará mañana.

El 17 de noviembre de 2026 se informó del envío al Congreso de otra modificación presupuestaria, con un aumento propuesto de RD$54,100 millones en gastos y una meta de déficit de 4.2 % del producto interno bruto, frente al 3.24 % anterior. Las coberturas consultadas coinciden en esas magnitudes. Son cifras de una iniciativa en discusión, no resultados ejecutados ni una aprobación consumada.

El antecedente oficial permite dimensionar el cambio. Hacienda informó el 21 de julio que la reformulación entonces presentada situaba el gasto en RD$1,663,811.7 millones. El nuevo total divulgado, RD$1,717,911.7 millones, incorpora precisamente aquellos RD$54,100 millones adicionales. Comparar ambas etapas evita confundir esta solicitud con la modificación de mediados de año.

La defensa gubernamental merece consideración: retirar de golpe la protección frente a un choque externo puede trasladar costos al transporte, a los alimentos y a la actividad productiva. Una disciplina presupuestaria indiferente a esas consecuencias sería una mala política. Pero reconocer la emergencia no demuestra que cualquier subsidio sea igualmente eficaz ni que todo gasto adicional responda a ella.

Hacienda y la Dirección General de Presupuesto deberían distinguir ante los legisladores qué recursos compensan el encarecimiento energético, cuáles atienden otras obligaciones y cuáles constituyen decisiones nuevas. El Congreso necesita esa separación para juzgar prioridades. Una cifra global permite autorizar dinero, pero no permite conocer quién recibe el beneficio ni qué alternativa se descartó.

La cuestión distributiva es decisiva. Un apoyo ligado al consumo puede beneficiar en distinta medida a quien dispone de varios vehículos, al transportista y a quien depende de una ruta colectiva. Antes de prolongarlo, corresponde comparar su alcance con ayudas más focalizadas. Estas también tienen costos: identificar beneficiarios lleva tiempo y un padrón deficiente puede dejar fuera a personas necesitadas. La transición exige capacidad administrativa, no solo una consigna de ahorro.

En La Altagracia, esta discusión alcanza al trabajador que paga transporte, al proveedor que distribuye alimentos y a las comunidades que esperan infraestructura. La gente que sostiene Punta Cana necesita alivio inmediato y servicios duraderos. No afirmamos que esta propuesta haya recortado una obra local; defendemos que el examen presupuestario identifique expresamente qué inversión se preserva y qué compromisos se posponen.

Los legisladores deberían exigir escenarios de duración y costo, junto con una explicación del financiamiento. Utilizar disponibilidades acumuladas puede reducir la necesidad inmediata de nuevos préstamos, pero gastar reservas tampoco elimina el costo de oportunidad: esos recursos dejan de estar disponibles para otra contingencia. La sostenibilidad debe examinarse más allá del cierre de diciembre.

La decisión defendible es aprobar los recursos que demuestren necesidad y utilidad, acompañados de una estrategia para revisar los apoyos y recuperar margen fiscal. República Dominicana no tiene que escoger entre abandonar al consumidor y sostener indefinidamente cualquier subsidio. Debe proteger a quien lo necesita sin convertir la inversión pública en la variable que siempre termina esperando.

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Fuentes: Diario Libre, 17 de noviembre de 2026; CDN, 17 de noviembre; Ministerio de Hacienda y Economía, 21 de julio de 2026.

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