Por Fernando M. Placeres, M.Sc.
Cobrar las fundas plásticas será una política ambiental incompleta si la responsabilidad termina en quien paga la compra. República Dominicana necesita que el cambio reduzca residuos y obligue a fabricantes, comercios y autoridades a responder por lo que ocurre después de la caja. Un nuevo ingreso comercial, por sí solo, no demuestra una mejora ambiental.
La discusión de este 21 de noviembre de 2026 sitúa el inicio previsto del cobro el 15 de diciembre. El artículo 27 de la Ley 98-25, consultado en el repositorio de Medio Ambiente, establece doce meses desde su entrada en vigor para prohibir la entrega gratuita de fundas de un solo uso. El texto también exige campañas de sensibilización durante ese plazo. La fecha difundida corresponde al calendario anunciado; una solicitud empresarial de aplazamiento no equivale a una prórroga aprobada.
El reportaje del 16 de noviembre recoge dudas del comercio sobre especificaciones, facturación y excepciones. El asesor ministerial José María Tost explicó entonces que se preparaban los instrumentos de aplicación. Esas declaraciones describen el estado de los trabajos en esa fecha; no permiten dar por aprobadas tarifas que estaban en discusión. Medio Ambiente debe ofrecer una instrucción única y accesible, coordinada con las autoridades tributarias y de protección al consumidor.
La objeción comercial merece atención: cambiar inventarios y procedimientos durante las compras navideñas puede resultar especialmente difícil para un negocio pequeño. Una transición mal comunicada enfrentaría al cliente con el cajero, que no redactó la ley. Pero tampoco sería razonable convertir cada dificultad operativa en un aplazamiento indefinido. Si se modifica el calendario mediante el instrumento competente, deberían publicarse tareas pendientes, responsables y fechas verificables.
El problema más profundo está en cómo se medirá el resultado. Vender menos unidades no basta si se sustituyen por bolsas más pesadas que se desechan igual de rápido. Proponemos registrar unidades y peso del material colocado en el mercado, junto con recuperación efectiva y destino del residuo. Las comparaciones deben considerar el volumen de ventas y la temporada; diciembre no ofrece por sí solo una base equivalente a cualquier otro mes.
La propia ley permite exigir más allá del consumidor. Sus artículos 7 y 8 desarrollan la responsabilidad extendida y los sistemas individuales o colectivos de gestión; el 26 contempla un programa específico para productores de fundas y botellas. Medio Ambiente debería traducir esas disposiciones en metas comprobables de recuperación. La industria debe identificar quién recoge, quién trata y qué evidencia acredita el destino, sin presentar una campaña publicitaria como cumplimiento material.
En Bávaro y Punta Cana, esa exigencia debería alcanzar la cadena de abastecimiento turístico y el comercio que atiende a residentes. Hoteles, supermercados y proveedores pueden acordar entregas con embalajes retornables y puntos de devolución con operadores identificados. Las autoridades locales deben coordinar su recogida: instalar un recipiente sin asegurar su vaciado solo desplaza el problema. Esta prevención complementa la discusión sobre cómo sostener el cuidado de las playas.
El consumidor necesita alternativas reutilizables asequibles, precios visibles y libertad para rechazar la bolsa. La condición para defender el cobro es concreta: reglas claras antes de aplicarlo y un balance público posterior que muestre material evitado y recuperado. Si únicamente sabemos cuánto se vendió, habremos organizado un cobro; todavía faltará demostrar la política ambiental.
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Fuentes: Diario Libre, 21 de noviembre de 2026; Diario Libre, 16 de noviembre; Ley 98-25, artículos 7, 8, 26 y 27, repositorio de Medio Ambiente.






