SAN JOSÉ, Costa Rica.— El Gobierno costarricense inauguró este miércoles 14 de octubre el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión de máxima seguridad concebida para aislar a personas condenadas por delitos de alta peligrosidad y a cabecillas de estructuras criminales.
La instalación, ubicada cerca de la capital, tiene capacidad para 5,100 internos, equivalente a cerca de una quinta parte de la población penitenciaria actual del país. El proyecto requirió una inversión de US$35 millones y tomó como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador.
La presidenta Laura Fernández presentó el complejo como una pieza central de su política frente al narcotráfico y la violencia asociada a disputas por rutas y mercados locales de drogas. El Ejecutivo sostiene que el centro permitirá recuperar el control estatal dentro del sistema penitenciario y dificultar que organizaciones delictivas continúen operando desde las cárceles.
Las autoridades prevén iniciar los primeros traslados a finales de octubre. Hasta entonces deberán definir y aplicar los criterios de selección de los internos, los protocolos de seguridad y las reglas de operación del nuevo recinto.
El cambio ocurre después de varios años de violencia elevada. Los datos judiciales citados por las autoridades sitúan el récord de 2023 en alrededor de 900 homicidios. Los registros posteriores bajaron solo de manera limitada: 876 en 2024 y 873 en 2025.
Fernández reconoció que la infraestructura, por sí sola, no reducirá el delito. Su gobierno ha reclamado más condenas y mayores recursos de investigación, mientras representantes del Poder Judicial han advertido que la respuesta a la criminalidad debe respetar la independencia institucional y los controles democráticos.
La Defensoría de los Habitantes también pidió que los traslados se sustenten en criterios técnicos y jurídicos claros. Esa vigilancia será decisiva para evitar decisiones arbitrarias y asegurar que el régimen de máxima seguridad opere dentro de las garantías constitucionales.
El modelo salvadoreño ha ganado seguidores en América Latina por la fuerte reducción de homicidios registrada durante el gobierno de Nayib Bukele. Al mismo tiempo, organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y deterioro de salvaguardas democráticas bajo el estado de excepción. El Gobierno de El Salvador rechaza esas acusaciones.
Costa Rica enfrenta un fenómeno distinto al de las pandillas territoriales salvadoreñas: su desafío está ligado principalmente al tránsito internacional de cocaína, la expansión de mercados internos y la competencia entre redes locales conectadas con organizaciones extranjeras. Por eso, especialistas advierten que copiar una prisión no sustituye la prevención, la investigación financiera, la cooperación judicial ni el fortalecimiento policial.
La apertura del CACCO se suma a una tendencia regional de respuestas más duras contra grupos criminales. FP Noticias ha seguido también los operativos regionales contra pandillas y sus efectos para República Dominicana.
La prueba inmediata será doble: comprobar si el nuevo centro logra cortar las operaciones criminales desde prisión y verificar si Costa Rica puede hacerlo sin debilitar las garantías que han distinguido a su sistema democrático.
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Fuentes: Reuters; Associated Press; El País. Imagen destacada ilustrativa: Jamie Taylor, Unsplash, bajo la licencia de Unsplash; no corresponde al CACCO.
