Foto: Marincyclist / Wikimedia Commons (archivo, 2025).
La jueza federal Trina L. Thompson ordenó el viernes 30 de octubre al Gobierno de Donald Trump que deje de amenazar con procesos penales a trabajadores electorales por tramitar papeletas de personas cuya habilitación para votar cuestionan las autoridades federales. La medida llega antes de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.
La orden del Distrito Norte de California es provisional: no constituye una sentencia definitiva sobre la demanda ni establece que los votantes señalados hayan cometido irregularidades. La controversia enfrenta la supervisión federal que reclama el Ejecutivo con la administración estatal y local de una elección ya en marcha.
La restricción alcanza a los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional. Les impide exigir que se elimine a determinados electores de los registros, se les nieguen papeletas o se aparten sus votos únicamente sobre la base de que el Gobierno los considera no habilitados.
También prohíbe amenazar con procesar a funcionarios por contar votos conforme a las normas electorales. Los organismos deberán comunicar a las autoridades que recibieron las cartas cuestionadas que esas exigencias y amenazas han quedado suspendidas, e informar al tribunal sobre solicitudes pendientes para acceder a materiales electorales.
La demanda fue promovida por sindicatos y organizaciones de derechos civiles, entre ellas SEIU, AFSCME, LULAC y NAACP. Alegan que la presión federal interfiere con el trabajo de quienes reciben y cuentan las papeletas. El Gobierno sostiene que sus actuaciones buscan impedir el voto de no ciudadanos y proteger la integridad electoral.
En un procedimiento separado, el tribunal de apelaciones del Noveno Circuito rechazó el viernes, por dos votos contra uno, exigir a California que apartara papeletas vinculadas a unos 20,000 votantes cuestionados. California considera poco fiable la lista federal. Esa cifra no equivale a votos ilegales comprobados.
La decisión de apelaciones sigue al rechazo inicial de esa separación, explicado por FP Noticias. La nueva orden de Thompson añade protección frente a amenazas de procesamiento mientras continúa el litigio, en unas elecciones que definirán el control del Congreso.
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Fuentes: Reuters, 31 de octubre; Associated Press, actualización del 31 de octubre; Fox News, 31 de octubre; Protect Democracy, documentación del caso y actualización del 30 de octubre. Imagen: Marincyclist, 2025, CC BY-SA 4.0; tamaño reducido.
