Por Fernando M. Placeres, M.Sc.
La Altagracia tiene razones para exigir una explicación rigurosa de su representación en el Congreso. La defensa de sus habitantes debe sostenerse en reglas verificables y necesidades públicas, no en la idea de que producir más ingresos turísticos concede un derecho especial a conservar puestos políticos.
El 11 de noviembre, cuatro diputados provinciales cuestionaron la propuesta de pasar de cinco a cuatro representantes en 2028. El reclamo de la delegación altagraciana merece discusión. El borrador de la Junta Central Electoral, todavía sin carácter definitivo, confirma la asignación propuesta: cuatro escaños sobre una base de 186,886 electores.
La responsabilidad comienza antes de esa tabla. La Constitución proclamada el 27 de octubre de 2024 estableció 158 diputaciones territoriales y su distribución según la población electoral. Su primera disposición transitoria ordena utilizar para 2028 el padrón de las elecciones congresuales de mayo de 2024. Esa fecha de referencia fue una decisión constitucional; la JCE debe aplicarla, aunque sus consecuencias territoriales resulten incómodas.
Por eso, pedir que el censo sustituya ahora al padrón no equivale a corregir una operación matemática. Implica discutir una regla de mayor jerarquía. Los partidos que intervinieron en la reforma deben explicar públicamente qué consecuencias evaluaron y qué respuesta ofrecen hoy. Trasladar toda la controversia al árbitro electoral les permite esquivar su propia responsabilidad política.
Existe una objeción atendible: una provincia que recibe trabajadores de otras demarcaciones puede tener necesidades que su registro electoral no refleje. Onavel Aristy sostiene que residentes de Higüey, Verón, Bávaro y Punta Cana conservan su domicilio electoral fuera de La Altagracia. Esa afirmación requiere dimensionarse con datos; tampoco permite equiparar automáticamente habitantes, trabajadores y electores.
La respuesta institucional debe atender ambos planos. La JCE debería acompañar su resolución final con una explicación reproducible de la fórmula, los criterios de asignación y las respuestas a las objeciones. La delegación provincial debería presentar un expediente público que identifique posibles errores concretos y separe estos de su desacuerdo con el modelo. Una audiencia abierta permitiría contrastar argumentos y evitar una negociación de escaños a puerta cerrada.
Orientar sobre la actualización voluntaria del domicilio electoral puede mejorar la correspondencia entre residencia y registro. Pero ofrecer esa campaña como remedio inmediato para recuperar el quinto diputado en 2028 sería engañoso: actualizar hoy no reescribe el padrón histórico que fija la disposición transitoria. Los ciudadanos merecen conocer ese límite antes de recibir promesas.
También corresponde discutir qué significa representar al destino turístico. Para un trabajador de Verón, importa que el Congreso fiscalice las inversiones en agua, escuelas y transporte que afectan su vida. Proponemos que los diputados provinciales publiquen una agenda conjunta de seguimiento presupuestario, con obras identificadas y respuestas de las instituciones ejecutoras. Ese compromiso puede exigirse desde ahora, cualquiera que sea el reparto final.
Reducir el número de legisladores no demuestra por sí solo eficiencia; conservarlo tampoco garantiza atención. Nuestra posición es exigir una distribución explicada, objeciones sustentadas y rendición de cuentas sobre el trabajo parlamentario. Si los partidos consideran inadecuado el diseño constitucional, deben defender abiertamente una solución general para el país. La Altagracia merece reglas que pueda comprender y representantes cuyo desempeño pueda comprobar.
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Fuentes: Diario Libre, 11 de noviembre de 2026; JCE, borrador de distribución para 2028; Constitución de 2024, artículo 81 y primera disposición transitoria.
